"La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presentado esta tarde en el Ministerio de Economía el fondo social de viviendas, un acuerdo entre los departamentos de Economía, Fomento y Sanidad con entidades bancarias y otros agentes para crear un parque de 6.000 casas con alquileres que oscilarán entre los 150 y los 400 euros para familias "en especial situación de vulnerabilidad social". Con un ritmo muy lento y aparentemente muy afligida, incluso en algún momento al borde del llanto, Santamaría ha hilado su discurso a través de una familia imaginaria, que ejemplificaría a los afectados por los desahucios, a la que le iban muy bien las cosas antes de la crisis y que quiso comprar una casa para tener "algo que dejar" a los suyos. Un sueño que esa familia mantuvo "hasta que la economía mundial se torció". La propia vicepresidenta, a pesar de su tono, dijo que no había querido ponerse "sentimental".

La vicepresidenta ha asegurado que tanto el Ejecutivo como todos los firmantes del acuerdo -un gran número de entidades entre las que se encuentran la Federación Española de Municipios y Provincias, la plataforma del tercer sector, la Asociación Española de Banca y la Asociación Hipotecaria- son conscientes de la gravedad de la situación. "Hay familias que merecen que todos nos pongamos en su piel", ha aseverado.

Las familias que podrán acceder a este fondo de viviendas deberán haber sufrido un desahucio y estar en situación de "especial vulnerabilidad". Se entienden en esta tesitura las familias numerosas,las monoparentales con dos hijos al cargo, aquellas con un menor de tres años y aquellas con un miembro en situación de dependencia o bien incapacitado para trabajar o con una discapacidad superior al 33%.

Respecto a los requisitos económicos, los ingresos de la unidad familiar deberan ser inferiores a 1.597 euros mensuales (o 19.164 euros anuales), la carga hipotecaria deberá haber crecido 1,5 veces desde 2008 y la cuota mensual de su hipoteca deberá superar el 50% de sus ingresos.

Será indispensable que las familias hayan sido desalojadas después del 1 de enero de 2008 y los acuerdos tendrán una duración de dos años, prorrogables a otro más, que podrán ser cancelados antes si la entidad bancaria arrendadora detecta que las familias salen del umbral de protección establecido.

Según Santamaría, el acuerdo "recoge el derecho a fracasar, a hacer una inversión equivocada, a tener un sueldo... pero no a negar a los suyos lo que todos queremos para los nuestros", explicaba en tono compungido.

A pesar de "no querer ponerse sentimental", afirmación que ha provocado risas entre los periodistas presentes, Santamaría ha asegurado que la situación de la familia imaginaria "le puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí".

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entidad al frente de la reivindicación para la creación de un alquiler social desde 2009, la medida les parece "insuficiente". Consideran que el número de viviendas destinadas -casi 6.000- es "irrisorio" teniendo en cuenta que hay 6 millones de casas vacías. Según Chema Ruiz, portavoz de la PAH, se trata de una medida "cosmética" destinada a rebajar la presión social. "No resuelve el problema", asegura."